Gobernabilidad en Michoacán.
Osvaldo Fernández.
En un documento anterior dijimos que la gobernabilidad iba mucho más allá de las cuestiones de afectaciones en la seguridad pública y de los enfrentamientos violentos entre las fuerzas del orden y las organizaciones criminales, refiriéndonos a los cuestionamientos sobre la gobernabilidad que hacen los partidos de oposición al gobierno en el Estado de Michoacán.
Conviene aclarar esta aseveración, para lo cual, a pesar de que es comúnmente aceptado que no es posible establecer una definición única de gobernabilidad, lo haremos a partir de puntos de vista comunes.
Diversas publicaciones señalan que existe la gobernabilidad cuando están dadas las condiciones para que un gobierno ejerza el mandato de conducir, a través de las instituciones, a un mejor nivel de vida a la población que gobierna, estableciendo como condicionante de gran importancia la legitimidad. Está claro también que una de las condiciones para que un gobierno ejerza el poder de manera adecuada y plena es la paz social, para que los ciudadanos desarrollen sus actividades con seguridad.
Está claro también que el gobierno, en nuestro sistema republicano, democrático, representativo y federal, el gobierno está constituido por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, teniendo cada uno de ellos sus propias funciones y límites, así como el equilibrio que el propio ejercicio del poder establece y que están contenidos en diversos artículos de nuestra constitución política. El actuar de esos tres poderes se sujeta a las leyes establecidas.
A la luz de los preceptos anteriores, es como debe analizarse si existe o no gobernabilidad en el Estado de Michoacán, y si ésta se encuentra amenazada.
El método que utilizaremos para explicarnos será a través de plantearnos preguntas y de responderlas, teniendo, como ya se dijo, como telón de fondo las aseveraciones iniciales.
¿El gobierno actual es legítimo? Para responder a esta pregunta es conveniente recordar que:
El poder ejecutivo actual es producto de unas elecciones en las que contendieron todos los partidos nacionales registrados, erigiéndose como ganador el Partido Revolucionario Institucional, y en las condiciones actuales, el Gobernador Interino fue designado en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado.
El Poder Legislativo es también legítimo, pues sus integrantes son resultado de elecciones libres y democráticas, llevadas a cabo en los términos que establece la Constitución del Estado y sus leyes reglamentarias.
El Poder Judicial ha sido designado en los términos que establece la Constitución.
Por lo anterior, la respuesta obvia es que el actual gobierno si es legítimo, estableciéndose la principal condicionante para la gobernabilidad.
¿Es un gobierno de instituciones?
Considero que la respuesta es obvia, pues todos los órganos del Estado han sido creados en base a disposiciones y procedimientos legales y además su actuar debe ser obligatoriamente ceñido a los objetivos del Estado y a las disposiciones legales que norman su desempeño.
¿El gobierno, en su sentido amplio, encuentra limitaciones serias que impidan su operación?
Esta pregunta es conveniente responderla por partes, y en buena parte por lo que observamos cotidianamente:
El Poder Legislativo representado en el Congreso del Estado, no enfrenta dificultades de ningún tipo para actuar normalmente, salvo el logro de los consensos, las presupuestarias y de información, que son parte intrínseca de él.
El Poder Judicial, hasta donde trasciende no tiene grandes dificultades. Tan solo imaginamos que enfrenta presiones del crimen organizado en los niveles más bajos, para obtener favores hacia sus integrantes sujetos a la autoridad.
El Poder Ejecutivo, salvo las instituciones de seguridad pública, mantiene a sus instituciones funcionando, con la gran limitación que crean sus condiciones financieras, que a su vez se traducen en presiones de grupos sociales por las limitaciones para atender sus demandas.
En lo relativo a la seguridad pública, sí se enfrentan problemas, principalmente los que se derivan de la actuación del crimen organizado y del narcotráfico, que debemos recordar que son de competencia federal y que, existiendo en todo el Estado, se recrudecen en la región de la Tierra caliente, y dentro de ella, de manera especial en tres municipios: Tepalcatepec, Coalcomán, Buenavista, Agulilla y Aquila. No son municipios seleccionados al azahar, sino que su orografía y ubicación geográfica favorecen la actividad de los grupos delincuenciales.
Es de reconocerse que en el ámbito municipal si se tienen problemas que rayan en la ingobernabilidad en tres de esos municipios, pero que de ninguna manera se solucionarían con un cambio de autoridades o con la desaparición de poderes, sino otorgándoles garantías para que ejerzan el poder en los términos establecidos en la Constitución del Estado y las leyes reglamentarias que los rigen.
Pero, sabedores de que el Estado está obligado a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, habría que considerar que el porcentaje territorial y de la población que representan estos municipios es muy pequeño con respecto a la población total y al territorio estatal, por lo que su incidencia no pone en peligro a un alto porcentaje de la población.
Habría que tener en cuenta también que están actuando en esa zona, de manera coordinada las fuerzas armadas del país, la policía federal y la policía estatal.
De este análisis, la respuesta que damos a esta pregunta es que las instituciones del Gobierno, en lo general no enfrentan limitaciones serias para actuar. Sólo encuentra algunas dificultades en el ámbito del Poder Ejecutivo, específicamente en el ámbito de la seguridad pública.
Si complementamos el análisis anterior con el hecho de que el Ejecutivo del Estado, con las limitaciones presupuestales ampliamente conocidas, se apoya en un Plan Estatal de Desarrollo, está operando programas directos y coordinados con los otros dos órdenes de gobierno para mejorar la calidad de vida de la población, además de que a partir de esta semana el Gobierno federal ha anunciado su apoyo y compromiso con Michoacán, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en el desarrollo social y económico, no tenemos más que concluir que las condiciones de gobernabilidad en el Estado de Michoacán existen y están garantizadas por los poderes y las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Dirigente estatatal del PRI.
christiangutierrez 