La exclusión en el derecho a la educación.
Reginaldo Sandoval.
En nuestro país el 25.1 % de la población no tiene oportunidad de estudiar en alguna institución media o superior ni de trabajar, este porcentaje significa 7 millones 430 mil 667 jóvenes de 15 a 29 años. Es una de las manifestaciones más dramáticas del fracaso del modelo neoliberal que padecemos. Significa que los gobiernos federales, por proteger los intereses del “uno por ciento” – que se hace cada vez más rico especulando financieramente – invierten cada vez menos en las instituciones de educación pública y en la reactivación de la planta productiva industrial y agrícola, reactivación indispensable para generar los empleos demandados.
En Michoacán, uno de cada tres jóvenes de entre los 15 29 años no asisten a la escuela ni trabajan, una tercera parte de los jóvenes michoacanos son considerados, peyorativamente, “ninis”. De los 4 millones 351 mil 37 habitantes, casi 600 mil son jóvenes de entre 12 y 17 años, de los que 48% son hombres y el 52% mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 32% de la población se considera rural y el 68% urbana.
La pobreza en que vive la población adolescente en el estado, aumenta su vulnerabilidad, ya que padece violencia intrafamiliar, abandono, maltrato, expulsión del hogar, alcoholismo, abuso físico y sexual, inactividad escolar y laboral, carencia de programas de inclusión social que ponen en riesgo la estabilidad, autonomía y reconocimiento social de los adolescentes michoacanos.
Las recientes movilizaciones de jóvenes exigiendo su inclusión, pues han sido rechazados de las principales instituciones de educación pública superior, nos llevan a una obligada reflexión acerca de la exclusión educativa.
Cada año, miles de jóvenes quedan fuera de los procesos de selección instrumentados por los bachilleratos y universidades públicas. En la UNAM, cerca del 90 por ciento de aspirantes se queda fuera, más de 90 mil jóvenes cada año. Mientras que en el estado, la Universidad Michoacana ha dejado fuera a cerca de 3 mil jóvenes en los recientes ciclos escolares. Las aberrantes políticas neoliberales, en afán de una muy cuestionable calidad y competitividad, han justificado la exclusión y la discriminación de miles de jóvenes en los últimos 20 años ante la incapacidad del Estado y sus instituciones por hacer efectivos sus derechos. Uno de los casos más aberrantes en Michoacán, es el de la facultad de Medicina que por mantener una refutada certificación, sólo acepta cada año a 500 estudiantes, cuando solicitan su ingreso más de dos mil quinientos. ¿Es acaso más importante una certificación excluyente que el derecho de los jóvenes a estudiar y el derecho de los michoacanos a contar con médicos suficientes?
Ante la incapacidad y desinterés de resolver el problema educativo de nuestro país, el Estado ha inventado una serie de justificaciones ofensivas y mentirosas. Modelos educativos como el cubano han dejado claro que la calidad no está peleada con el carácter masivo de la educación, el engaño en nuestro triste caso mexicano es burdo e insostenible.
Peor aún, para justificar su incapacidad, el Estado y sus políticos incompetentes han vulgarizado el problema, explotando el uso de apelativos discriminatorios como el de los “ninis”, refiriéndose a los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿A caso la condición de estos jóvenes obedece a una decisión personal? ¿No está relacionada entonces con el incumplimiento del Estado de garantizar los Derechos Humanos y el Desarrollo Social?
El uso vulgar de este término tiene como fin minimizar la responsabilidad gubernamental y soslayar la difícil realidad de los jóvenes de nuestro país expuesta por la rapacidad del modelo neoliberal, la falta de alternativas de desarrollo personal y colectivo, educativas, deportivas o culturales. Los jóvenes son discriminados y superexplotados por empresas inescrupulosas que abusan de su necesidad y falta de experiencia. Vulnerables a las convulsiones sociales acentuadas por la crisis que van desde la migración, la trata, y por si fuera poco, son los primeros en la lista de levas –voluntarias o forzosas– del crimen organizado.
El famoso “bono generacional” que de acuerdo a nuestra pirámide poblacional, nos prometía , que una población mayoritariamente joven contribuiría con conocimiento y fuerza de trabajo al desarrollo económico y social de nuestro país, se está echando a la basura por los neoliberales. Millones de jóvenes que han sido, y siguen siendo nuestro potencial de un país mejor, se han sumado a las diversas y lacerantes filas de la exclusión y el empobrecimiento.
El panorama de las oportunidades educativas para los jóvenes no es muy esperanzador, las reformas neoliberales en educación mercantilizan cada vez más lo que debería ser un derecho universal e irrenunciable. La reducción en las matrículas, la aplicación de cada vez más mecanismos de exclusión llamados exámenes de “selección”, el abandono presupuestal que obliga al cobro de cuotas o servicios de diverso tipo, la indiferencia de las autoridades a los altos índices de deserción, la falta de oportunidades para desarrollar su potencial científico, técnico, artístico o deportivo. Los jóvenes, como durante mucho tiempo el sector indígena y las mujeres, son grandes masas invisibles para la acción gubernamental que sólo tiene para ellos discursos demagógicos y políticas asistenciales en los procesos electorales.
Las grandes ofensas de estos gobiernos sin patria ni amor por su gente, sólo cambiarán en la medida que la sociedad organizada sea capaz de exigir la responsabilidad del Estado con nuestra juventud. Las buenas intenciones sin la fuerza suficiente son efímeras e impracticables, la reforma a la Ley de Educación del Estado que estipulaba como obligatoria y gratuita la educación en todos los niveles en el estado, no se lleva a la práctica porque no existe la fuerza social organizada que exija su cumplimiento y porque el modelo económico privilegia los criterios macroeconómicos.
Sólo un pueblo que se organiza y lucha por sus derechos garantiza su cumplimiento ante estas élites políticas sordas y ciegas. La ignorancia de nuestro pueblo es la condición de su poder, por eso no les interesa la educación para todos; y es por eso que, para nosotros como izquierda la educación, la cultura y la distribución equitativa del ingreso son condición de un gobierno con vocación democrática. Ojalá los ajustes en el gabinete estatal no sean solo cosméticos y vayan más allá de cambios de personas.
Dirigente estatal del PT.
christiangutierrez 