Acuerdo por Michoacán.
Christián Gutiérrez.
La visita que hizo el gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, al secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rindió su primer fruto: el compromiso de construir el “Acuerdo por Michoacán”. En esta reunión estuvieron los dirigentes estatales de los partidos políticos, legisladores locales y federales, empresarios y académicos de Michoacán, es decir, diversos sectores con representación entre los michoacanos.
Ahora inicia un periodo corto de construcción de este Acuerdo, que me parece deberá contener objetivos viables y plazos concretos, para darle a Michoacán tres cosas:
1.- Seguridad pública, que genere paz social y gobernabilidad política y democrática;
2.- Que el gobierno recupere íntegramente el sector educativo y la política de educación;
3.- Que el sector público, privado y académico, acuerden una agenda común, viable y rápida, que mejore la economía de la Entidad, que genere empleos bien pagados y que atraiga inversiones nacionales y del extranjero.
Michoacán necesita salir rápidamente de prácticas que lo han anclado en un desarrollo lento. Es evidente que el gobernador Jesús Reyna está siendo práctico y muy político al apoyarse con el gobierno federal, los poderes públicos del Estado y con la clase empresarial, sin embargo, hay que ver de qué manera contribuirá la población y cómo trabajará el equipo encargado de elaborar el “Acuerdo”.
Por el momento, los sectores que participaron en la “reunión de Bucareli”, han manifestado estar dispuestos a facilitar las cosas, pero aún me sigo preguntando ¿qué contendrá el Acuerdo por Michoacán? Sugiero:
1. Reconocer este Acuerdo como el eje principal que toque, frontal y transversalmente, las políticas públicas del Poder Ejecutivo y las iniciativas y reformas legislativas, de corto y mediano plazo;
2. Los tres poderes públicos deberán ajustarse a las nuevas circunstancias de la era global, pues en una sociedad postradicional la autoridad ya no puede legitimarse mediante símbolos y prácticas tradicionales, por ejemplo: jueces y magistrados más activos, que ayuden a formar opinión pública;
3. Se deberán trabajar temas como:
a) Para responder a la globalización, será indispensable consolidar la descentralización de las políticas públicas y legislativas;
b) Reglamentar manifestaciones y plantones;
c) La subsidiariedad jugará un rol muy importante, ya que representará la forma de construir orden político y social, que no solo provenga de un pretendido súper Poder Ejecutivo;
d) Los tres poderes públicos deberán fortalecer “el espacio público”, que implicará una mayor transparencia, imparcialidad y combate a la corrupción, por ejemplo: reformar la ley de responsabilidades de los servidores públicos de Michoacán;
e) Para ganar legitimidad, el Poder Ejecutivo y los gobiernos municipales deberán elevar su eficiencia administrativa y recaudatoria;
f) Para que el Poder Ejecutivo gane legitimidad, deberá reforzar su capacidad para la gestión del riesgo, es decir, no deberá caer en solo proveer seguridad social asistencial;
g) Se deberá impulsar a la sociedad civil y al ciudadano común, para que sean más proactivos y más corresponsables de los resultados;
h) Se deberá impulsar una política pública que restaure la “comunidad”, es decir, recuperar medios que faciliten la regeneración social y material.
Desde luego, el Acuerdo por Michoacán implicará muchas otras cosas, pero parece que ya permeó la idea de que Michoacán es un compromiso en el que todos deben aportar algo, y con esta premisa, los actores participantes deberán despojarse de intereses, que son legítimos, pero estorban. Con toda seguridad la negociación será cerrada, pero creo que no es tiempo de pensar en estrategias para llegar al poder, recuperarlo o mantenerlo. Las cosas en Michoacán cambian, y uno de esos cambios implica debatir los alcances reales del Estado y sus elementos constitutivos.
¿Quiénes serán los constructores del Acuerdo y quiénes solo sus críticos?
Ya es momento de debatir el talante solidario, honesto y democrático de todos. Pero de todos.
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